La Feci abrió un expediente contra las personas que suscribieron acuerdos de colaboración eficaz en el caso Odebrecht. Una trama que involucra a políticos, diputados y empresarios y el reparto de 32 millones de dólares. La Feci, bajo la administración de Rafael Curruchiche, acusaron a los fiscales, los integrantes de la Feci y representantes de los colabores de Odebrecht de incurrir en fraude de ley por la firma de estos convenios. Señalaron la ausencia de la Procuraduría General de la Nación en la negociación y que hubo perjuicio financiero para el Estado de Guatemala debido a las condiciones de los acuerdos suscritos.

La persecución inició en 2021, cuando el Ministerio Público pidió la captura del exjefe de esa fiscalía, Juan Francisco Sandoval. Siguió en 2022 y 2023, con otros requerimientos de detención contra otras personas.

La fiscal Eva Siomara Sosa también está vinculada en este caso, pero su captura fue solicitada por buscar el traslado del expediente a otro juzgado. En ese caso también está involucrada la exmandataria de la Cicig, Leyli Santizo, quien fungía como su defensora, y el exfiscal Sandoval. La Feci denominó al caso como “Cooptación y Corrupción Judicial”.

Contexto del proceso:

El caso Acuerdos fraudulentos, Corrupción e Impunidad inició en la Fiscalía de Asuntos Internos, pero con la llegada de la fiscal general, Consuelo Porras, fue trasladado a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) bajo la dirección de Rafael Curruchiche. La Fundación contra el Terrorismo inició una campaña de desprestigio contra los exfiscales, con señalamientos y amenazas en redes sociales, la cual escaló al ámbito penal.

En 2012, el Congreso avaló la incursión de Odebrecht en Guatemala, al aprobar un préstamo con el Banco de Desarrollo de Brasil por US$569.5 millones, en el cual se condicionaba un aporte de US$399 millones para que la constructora Norberto Odebrecht, S.A. construyera la ampliación a cuatro carriles de la carretera CA2 Occidente.

Para obtener esta concesión, los funcionarios de Odebrecht admitieron haber pagado US$18 millones en sobornos a funcionarios de gobierno, tal cual lo hicieron en diferentes países de Latinoamérica. Por este caso fueron acusados Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones del gobierno de Otto Pérez Molina y el excandidato presidencial Manuel Baldizón. La audiencia de colaboración eficaz, que fue el acto procesal objeto de la denuncia, ocurrió en septiembre de 2017, con el aval de la jueza Claudette Domínguez y el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia. El fiscal Sandoval viajó a Brasil para tomar la declaración de Marcos de Cerqueira Lima Machado, Luiz Antonio Mamery y Eduardo Oliveira Gedeón, empleados de Odebrecht que se constituyeron en colaboradores eficaces.

La audiencia fue conducida en Guatemala por la jueza Domínguez, mientras que Sandoval y los tres brasileños participaron a través del sistema de videoconferencias del Organismo Judicial. El expediente fue conocido inicialmente por la fiscalía de Asuntos Administrativos, pero luego pasó a la Feci.

En junio de 2022, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló los acuerdos de colaboración. Sinibaldi y Baldizón lograron que les concedieran medida sustitutiva y ambos buscan ser querellantes contra los fiscales que los acusaron. La jueza que dirigió todo el proceso, Claudette Domínguez, logró mantener la inmunidad en 2022 por decisión de la Corte Suprema de Justicia. En noviembre de 2023 la Corte de Constitucionalidad ordenó reactivar el requerimiento de antejuicio, el cual debe conocer la Corte Suprema de Justicia actual.