Enfrenta dos procesos penales, uno por la adquisición del edificio valorado en 35 millones de quetzales que está ubicado en la zona 5 de la capital. El otro, por un caso de lavado de dinero, vinculado a la red de Gustavo Alejos.

Este segundo caso data de 2019 y fue nombrado por la Cicig y Feci como Red de Poder, Lavado y Corrupción. Se relaciona con pagos ilícitos para el cobro de deuda de arrastre por construcción de obras a través del empresario Gustavo Alejos. Por ese caso fue ligado a proceso penal por asociación ilícita, lavado de dinero y defraudación tributaria. El juez suplente de Mayor Riesgo D, Edwin Ramírez, le concedió medida sustitutiva.