Por supuestas irregularidades en la adquisición de un edificio para las oficinas del Ministerio Público, el cual costó 35 millones de quetzales y cuyo contrato fue declarado lesivo durante la administración de Consuelo Porras. El caso surgió por una denuncia de la Fundación contra el Terrorismo y el seguimiento que le dio el Congreso a través de una comisión específica integrada por diputados señalados de corrupción y que pertenecían a los partidos Todos, PAN y FCN-Nación. La Fundación contra el Terrorismo y la comisión del Congreso tenían una campaña contra las acciones de la Cicig y el MP. En este caso señalaron que hubo sobrevaloración en la compra del edificio a pesar de que el inmueble contaba con avalúo de la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas. La fiscalía, a cargo de Marlon Pacheco, dijo que identificaron varias anomalías administrativas. Entre ellas, la inexistencia de un manual de compras de bienes inmuebles según lo indica la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. No había renglón presupuestario para la compra del edificio, no estaba en el plan de compras y no hubo documento de requisición que indicara que la necesidad de adquirir un edificio. También dijo que se hizo una compra dirigida, porque no hubo otras ofertas, que se adquirió un inmueble ubicado en un área riesgosa, sin agua potable y que todavía no contaba con los acabados para ser utilizado de inmediato, por lo que el MP debía erogar más recursos para concluir la construcción y hacer otro contrato para adquirir el servicio de agua. El fiscal Pacheco aseguró que la fiscal Aldana cambió a la jefa del departamento jurídico para obtener el dictamen favorable para hacer la adquisición. Aseguró que las negociaciones de compraventa se hicieron con William Balz Gallardo, acusado por la Cicig y la Feci en un caso de sobornos a constructores a través de una red de empresas y en donde estaba vinculado el empresario Gustavo Alejos. La fiscalía dijo que Balz Gallardo negoció el precio aunque la representación de la empresa propietaria del edificio la tenía Mynor Enrique Lobos Agustín, quien tenía 23 años y ejercía la representación de 43 entidades vinculadas a Tax Central America, sujeta de investigación de la Feci que era dirigida por Juan Francisco Sandoval. El pago del corretaje por la negociación lo recibió una fundación que no paga impuestos, por lo que el MP presentó cargos por apropiación de tributos. La exfiscal Aldana ha dicho que el caso es espurio y con fines políticos.