La exfiscal Laparra tuvo que enfrentar un proceso penal en la ciudad de Guatemala y otro en Quetzaltenango. En diciembre de 2022 fue condenada por el delito de abuso de autoridad (Ver el Caso Laparra A) a una pena conmutable, pero no pudo quedar libre de inmediato porque tenía que solucionar su situación legal en el otro caso.

El segundo proceso tiene los mismos antecedentes que el primero. Laparra acusó al juez Lesther Castellanos por revelar información de un caso en reserva cuando ella fungía como jefa de la Cicig en Quetzaltenango. Castellanos contraatacó y la denunció por el mismo delito.

Estos eventos ocurrieron en 2017 y 2018. La denuncia contra Castellanos no prosperó, en cambio ella fue condenada en julio de 2024 a cinco años de prisión conmutable e inhabilitación a optar a cargos públicos por el mismo tiempo.

Varios organismos locales e internacionales señalaron la criminalización contra la exfiscal y el abuso del recurso de encarcelamiento en su contra. Ante el peligro de nuevas acusaciones decidió salir al exilio.