Laparra fungió como jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en Quetzaltenango. En 2016, su fiscalía llevó el caso de una persona que extorsionaba a funcionarios y cobraba por dar información de investigaciones de esa fiscalía.

La propuesta de la Feci era que el acusado pudiera ser colaborador eficaz para otorgar información de funcionarios municipales a cambio de beneficios, pero el juez Lesther Castellanos se negó. El abogado Omar Barrios usó sus redes para difundir información del caso y cuestionar el actuar de la Feci contra Castellanos, mientras que el juez dio declaraciones a medios sobre el caso.

Laparra presentó cuatro denuncias administrativas ante el Organismo Judicial en contra de Castellanos por filtrar información de un caso, lo cual resultó en una sanción a finales de 2017, que luego fue revocada. En 2018, Castellanos acusó que Laparra lo denunció sin tener competencia legal para hacerlo.

La fiscalía de Asuntos Internos iba a cerrar el caso, pero Castellanos se opuso. En 2022, con un MP bajo el control de Consuelo Porras y con una Feci debilitada, Laparra fue capturada y enviada, primero a la cárcel Mariscal Zavala y luego Matamoros, dos prisiones militares destinadas a perfiles de alto riesgo, como narcotraficantes y exfuncionarios.

La organización Amnistía Internacional, la ONU y otras organizaciones locales e internacionales apuntaron que Laparra fue criminalizada. El juez Sergio Mena no le autorizó medida sustitutiva y realizó varias de las audiencias a puerta cerrada, porque recriminaba la cobertura mediática del caso.

El Tribunal Octavo de Sentencia Penal la condenó por el delito de abuso de autoridad, bajo el argumento de que la fiscal no podía presentar denuncias sin autorización de un superior. Estuvo en prisión desde febrero de 2022 hasta enero de 2024.

A pesar de ser condenada a una pena mínima en diciembre de 2022, no salió de prisión porque Castellanos le presentó otra denuncia. La Fundación contra el Terrorismo apoyó a Castellanos durante ambos procesos. Esta organización se ha presentado como la encargada de ejecutar la revancha contra quienes laboraron en la Feci y la Cicig.

Castellanos fue sancionado por el Departamento de Estado como actor corrupto, pero el Congreso lo nombró como Relator contra la Tortura desde 2022 y, en diciembre de 2023, una mayoría lo eligió, de nuevo, magistrado de Sala de Apelaciones en calidad de suplente. En 2024 buscó, sin éxito, ser reelecto o conseguir una magistratura en la Corte Suprema de Justicia.