Este caso agrupa a 44 personas con perfiles como estudiantes universitarios, académicos y candidatos a un puesto de elección popular en 2023. El juez Décimo de Instancia Penal, Víctor Cruz, admitió como indicios de delito los tuits con opiniones, fotos y videos que los señalados publicaron en relación a la fraudulenta elección de Walter Mazariegos como rector en la Universidad de San Carlos (Usac). La fiscalía fue la encargada de recopilarlos y presentarlos.

Cruz autorizó medidas precautorias de arraigo, embargo y allanamiento contra siete personas y 27 ordenes de captura por delitos contemplados en la Ley contra la Delincuencia Organizada. La fiscalía pidió el retiro de la inmunidad ante la Corte Suprema de Justicia contra ocho personas ostentaban puestos como diputados o eran candidatos a una curul al momento de la presentación del caso. Además, dos personas fueron capturadas en un allanamiento en el Paraninfo universitario.

El proceso tiene como origen las denuncias de autoridades de la Usac, bajo el mando de Walter Mazariegos, por la toma de las instalaciones de la universidad pública del 27 de abril de 2022 al 9 de junio de 2023. La acción fue el mecanismo de oposición contra el fraude y buscaba que Mazariegos no pudiera ejercer su cargo. De acuerdo con la Usac, los daños provocados a la infraestructura durante 385 días suman 89.7 millones de quetzales.

En 2011, el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación al campus central de la Usac debido a su antigüedad, importancia y relevancia histórica. La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación señaló el deterioro de las instalaciones universitarias, pero también indicó que los partidos Winaq, Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) y Semilla habían formado una red criminal para catapultar candidaturas a concejales, diputados y binomio presidencial a partir de la toma de la universidad. Por esa razón pidió el retiro de la inmunidad de candidatos y diputados que buscaban la reelección.

Entre ellos Bernardo Arévalo y Karin Herrera, quienes ganaron las elecciones presidenciales. El retiro de inmunidad permitiría abrirles un proceso penal, lo cual impediría que pudieran asumir el cargo en enero de 2024. Antes de presentar este caso, el MP ya había iniciado un proceso de cancelación del partido Movimiento Semilla para impedir la participación del binomio presidencial en el balotaje. De los dos, solo Herrera tuvo participación en el proceso electoral universitario.

El fiscal Saúl Sánchez fue el encargado de dirigir la investigación basada en los tuits con opiniones sobre la situación en la Usac, que publicaron los sindicados. El juez Víctor Cruz incluso requirió a la red social X los datos de los perfiles de tres medios de comunicación social, un periodista y una diputada fallecida. Hasta octubre de 2024, el juez Cruz había resuelto la situación legal de 28 personas (13 fueron ligados a proceso penal) y la Corte Suprema de Justicia decidió no retirar el antejuicio a seis de las ocho personas en la mira de la fiscalía.