Por supuestas anomalías en la investigación por el desfalco de 350 millones de quetzales al IGSS, durante el gobierno de Alfonso Portillo, cuando Gustavo Adolfo Herrera Castillo fungía como presidente de la institución.

Herrera Castillo ha tenido participación política continua y fue señalado de ejercer su influencia en la designación de magistrados de justicia en 2014. En 2021, fue nacionalizado nicaragüense.

El desfalco al IGSS ocurrió en 2005, pero la Cicig y la Feci (a cargo de Juan Francisco Sandoval) reabrieron el caso en 2018 para encauzar a los directivos por enriquecimiento ilícito. Entre las 32 personas vinculadas estaban Herrera Castillo y su hijo Gustavo Alfredo Herrera Acevedo. Cuando Erika Aifán dejó el juzgado de Mayor Riesgo D para salir al exilio, el caso tomó otro rumbo. La nueva titular del juzgado, Abelina Cruz Toscano, anuló la orden de captura contra Herrera.

La fiscalía de Asuntos Internos reportó que uno de los acusados del caso presentó la denuncia que originó este proceso penal.