La Cicig y la Feci, bajo la dirección de Juan Francisco Sandoval, presentaron el caso contra Blanca Stalling en 2017. Seis años después, el juez Víctor Cruz resolvió darle carpetazo al proceso, con el aval de la Feci.

Stalling fue acusada por el delito de tráfico de influencias, luego que el juez Carlos Ruano denunció que le pidió favorecer a su hijo, vinculado en el caso IGSS-Pisa.

El cierre del caso permitió a Stalling retomar sus actividades como magistrada de la Corte Suprema de Justicia y que iniciara acciones legales contra las personas que la acusaron, entre ellas Ruano, quien grabó la conversación y resolvió denunciarla cuatro meses después del hecho. También fueron denunciados los fiscales y el personal de la Cicig que intervinieron en la investigación.

Todas las personas acusadas enfrentan orden de captura.