La persecución contra el Movimiento Semilla arrancó luego de la primera vuelta electoral, en junio de 2023, cuando el binomio integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera pasó al balotaje.

La Feci y el juez Frey Orellana reorientaron la investigación por una afiliación anómala y la convirtieron en un mega caso en donde reportaron el supuesto hallazgo de miles de firmas falsas, registros de personas fallecidas y un supuesto lavado de dinero a través del pago de estipendios por las afiliaciones registradas.

El partido surgió a la vida en 2018 y participó por primera vez en las elecciones de 2019. La denuncia por una afiliación anómala ocurrió en 2022. La Feci logró que el juez Fredy Orellana ordenara la suspensión del partido luego de la primera ronda electoral, pero las autoridades electorales no obedecieron la orden a pesar de las presiones ejercidas por el juez, que finalmente ordenó la captura de la Registradora de Ciudadanos encargada del Despacho por desobedecer a su resolución, así como varios cateos a instalaciones electorales y otras acciones legales contra empleados de la institución. Por el apoyo que la magistrada Blanca Alfaro dio a tres empleadas cuando se presentaron ante el juez Orellana, la Feci solicitó que se le investigara por obstruir a la justicia.

El juez Orellana usó la Ley contra la Delincuencia Organizada para ordenar la suspensión del partido, a pesar de que esta ley no es la específica para el ámbito electoral sino que está dirigida a las actividades ilícitas de organizaciones criminales. Luego de la segunda vuelta electoral, la Feci y el juez Orellana insistieron en hacer allanamientos a las sedes del Tribunal Supremo Electoral. En un hecho inédito, los fiscales secuestraron actas y revisaron las cajas con los votos. Una actividad que corresponde a las Juntas Receptoras de Votos.

La Feci apoyó, a través de sus actos, a los partidos que perdieron la oportunidad de entrar al balotaje y que solicitaron recuento de votos y anulación de los resultados. Las gestiones de la Feci avaladas por Orellana permitieron la suspensión del partido luego de concluido el proceso electoral. Esto llevó a que el partido no pudiera ser reconocido en el Congreso, lo cual impide que los diputados puedan ejercer en bloque e integrar Junta Directiva y dirigir comisiones.

Una de las características del caso Semilla ha sido la reserva, lo que ha impedido que la prensa acceda a las audiencias y que los propios afectados del partido tengan acceso a los documentos de la acusación para ejercer su defensa.

En diciembre de 2023, la Feci dividió el caso en tres fases. A la primera la denominó “Ilegalidades en la constitución del partido político Movimiento Semilla". La segunda, "Financiamiento electoral no registrado y lavado de dinero”. La fase tres: “Ilegalidades cometidas por el Tribunal Supremo Electoral en el proceso electoral 2023".