Este caso está vinculado con la denuncia de la Fundación contra el Terrorismo por la suscripción de acuerdos de colaboración eficaz en el caso Odebrecht. Esa agrupación pidió que la Feci accionara contra los fiscales que dieron trámite a los acuerdos de colaboración y, para ejercer su defensa, los fiscales solicitaron que todas las acusaciones fueran conocidas por el juzgado de Mayor Riesgo D, que entonces dirigía Ericka Aifán, porque ella tenía el control de todo lo relacionado al proceso.

La Feci, bajo la dirección de Rafael Curruchiche, se oponía a esa posibilidad (ya que la Jueza Aifán era considerada no alineada a las intenciones del MP).

Leily Santizo, como defensora de Eva Siomara Sosa y Juan Francisco Sandoval, solicitó al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal el traslado del expediente de sus defendidos al de Mayor Riesgo. En aquel momento, la Feci no había avanzado con todas las acusaciones en contra del personal de la fiscalía por el supuesto fraude de ley en los acuerdos de colaboración eficaz y eran pocos los que aparecían vinculados.

Sosa todavía era empleada del MP y, cuando el juez Tercero ordenó su detención, cumplía su jornada laboral. La Feci buscaba que Santizo y Sosa fueran ligadas a proceso por obstrucción a la justicia, un delito contemplado en la Ley contra la Delincuencia Organizada, pero el juez Geisler Pérez no accedió porque el argumento de la fiscalía no tenía sustento.

La audiencia de primera declaración se alargó por un mes por las constantes interrupciones y excusas del juez Pérez. Ambas fueron ligadas a proceso por colusión y les concedieron medida sustitutiva. Ocho meses después, la Feci pidió una nueva captura contra Santizo y el exfiscal Juan Francisco Sandoval. El actual jefe de Feci, Rafael Curruchiche, dijo que Sandoval mediaba a través de su abogada, Leily Santizo, para que el expediente del caso de las colaboraciones eficaces fuera trasladado hacia el Juzgado de Mayor Riesgo D y que Sandoval le pidió a Santizo hacer presión mediática para evidenciar que el traslado del expediente estaba bloqueado por una acción del presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruíz (responsable de activar muchas de las investigaciones contra operadores de justicia).

Sandoval cuestionó que la Feci armara un caso por las comunicaciones que sostenía con su abogada y reclamó que no le permitían ninguna oportunidad de defensa. La Feci insistió en que Sandoval quería interferir en el proceso y los acusó por el delito de obstaculización a la acción penal, contemplado en la Ley contra la Corrupción. En este segundo caso, Santizo no fue capturada en un operativo realizado en su vivienda, pero se presentó para solventar su situación ante el juez Tercero, a quien solicitó que anulara la orden de detención. Meses después pidió el retiro de inmunidad del juez de diligencias urgentes, Víctor Herrera Ríos, por el supuesto abuso de autoridad cometido al autorizar su segunda captura en un caso que no estaba bajo su jurisdicción. También en contra de la fiscal Leonor Morales Lazo, por solicitar la orden de detención.