El 8 de junio de 2022, el relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, Carlos Solórzano Rivera, denunció ante el MP a la exfiscal general, Claudia Paz y Paz y a la agente fiscal Elena Sut Ren, por la persecución penal ejercida en contra de militares retirados vinculados con violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.

La Oficina actuó en representación de los denunciantes: Julio Alberto Soto Bilbao (señalado por la desaparición de Efraín Bámaca, comandante del grupo guerrillero Organización del Pueblo en Armas), Jacobo Esdras Salán Sánchez (sindicado en el caso Diario Militar) y Emanuel Molina Castañeda (relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura). Un informe del MP a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indica que la denuncia surge porque Paz y Paz emitió la instrucción general 2-2011, para la Investigación y Persecución Penal de Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante el Conflicto Armado Interno, "la cual tenía como objeto iniciar una persecución penal específica y selectiva". A la fiscal Elena Sut Ren, quien integró la fiscalía de Derechos Humanos, en la Unidad de Delitos del Conflicto Armado Interno (Ucai), la señalan por darle cumplimiento a esa instrucción.

Oficialmente, el proceso sigue en investigación.