Este caso surgió en el contexto de las Elecciones Generales de 2019. Aldana era la candidata del recién creado partido Movimiento Semilla y se alió al grupo para postularse a la presidencia aprovechando el reconocimiento y aceptación que le dio su papel como Fiscal General que apoyó la lucha contra la corrupción.

El diputado Felipe Alejos, contra quien el Ministerio Público (MP) de Aldana pidió el retiro de inmunidad por un supuesto acto de corrupción, denunció que la exfiscal hizo contrataciones anómalas de personal.

En 2015, el MP concedió un contrato como capacitador al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Bonilla (fallecido en 2020). Según la denuncia del diputado y de su partido, Todos, se trató de una plaza fantasma porque Bonilla supuestamente no cumplió con su labor. La misma acusación hicieron en el caso de la contratación del comunicador político José Carlos Marroquín, quien prestó servicios a distancia ya que vive asilado en Estados Unidos.

La fiscalía de Asuntos Internos solicitó la orden de captura contra Aldana, la cual fue emitida el 18 de marzo de 2019, un día antes de su inscripción como candidata presidencial. Integrantes del partido Todos y Liberal de Guatemala solicitaron la anulación de la inscripción y el Tribunal Supremo Electoral atendió el pedido el 1 de abril de ese año. La Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad confirmaron la decisión de dejarla fuera de la contienda electoral.

Como muchos de los casos contra de exoperadores de justicia, el MP pidió que el caso se mantuviera en reserva, lo cual imposibilitó que la defensa de Aldana o de Bonilla pudieran tener acceso al expediente.