La Fundación contra el Terrorismo acusó a cuatro integrantes de la fiscalía Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por haber pedido la captura de una persona de 70 años que no estaba vinculada al caso Alfa Siete, una estructura criminal dedicada al tráfico de migrantes y el lavado de dinero. La persona estuvo detenida injustamente durante 27 días. Stuardo Campo, quien estaba a cargo de la fiscalía, dijo que pidió el cese de la persecución contra esta persona porque no había elementos para acusarla.

En una de las audiencias de la etapa intermedia, donde se determinó enviarlo a juicio, responsabilizó a la agente Eugenia del Rocío Velásquez Ramos como la responsable de cometer el error de investigar a María Bárbara Andrés Hernández de López en lugar de María Andrés Hernández. Esta última fue mencionada en las escuchas telefónicas como una de las receptoras de los cobros a los migrantes.

Campo señaló que ella debe ser investigada, pero que ha tenido la protección del MP y añadió que sospecha que fue quien filtró información del proceso a la Fundación contra el Terrorismo (FCT), la organización que lo ha acusado y se ha dedicado a perseguir y acusar a operadores de justicia.